Este lunes, a través de un comunicado oficial, IPROSS informó a sus afiliados la normalización completa de los servicios de salud en la Clínica Perón de Catriel. La medida pone fin a una interrupción que había generado una profunda preocupación en la comunidad, especialmente entre los empleados públicos y sus familias, que constituyen el grueso de los usuarios.

El conflicto, que escaló la semana pasada con la suspensión de la cobertura, se habría originado, según fuentes del sector, por desacuerdos en la actualización de los aranceles y el pago de una deuda acumulada. Esta situación dejó a los afiliados sin acceso a consultas, internaciones y guardias en el único prestador privado de la ciudad, obligándolos a considerar traslados a otras localidades para recibir atención.

La interrupción de servicios, aunque breve, expuso una vez más la vulnerabilidad de las comunidades alejadas de los grandes centros urbanos. Para los vecinos de Catriel, la falta de atención significaba no solo un riesgo para la salud, sino también la carga económica y logística de viajar a ciudades como Cipolletti o General Roca para tratamientos que antes tenían a pocas cuadras de sus hogares.

El acuerdo alcanzado, cuyos detalles financieros no se hicieron públicos, representa un paso fundamental para garantizar la continuidad de la atención sanitaria. Especialistas en gestión de salud indican que estos ciclos de tensión entre las obras sociales provinciales y los prestadores privados son recurrentes, en un contexto de alta inflación que presiona constantemente sobre los costos del sistema.

La resolución en Catriel es una buena noticia, pero también funciona como un llamado de atención para todo el Alto Valle. La sostenibilidad del sistema de salud en la Patagonia norte depende de un diálogo permanente y de acuerdos equitativos que protejan tanto a los prestadores como, fundamentalmente, el derecho a la salud de cada vecino de Río Negro y Neuquén.

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