La situación de los trabajadores petroleros en La Pampa ha vuelto a poner en jaque la estabilidad laboral de decenas de familias, en un escenario donde las decisiones políticas provinciales y las inversiones de las empresas se cruzan en un complejo entramado. Recientemente, el Sindicato de Petroleros y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, liderado por Marcelo Rucci, logró un acuerdo clave con la empresa PCR, aunque la solución definitiva aún pende de un hilo.
Tras una reunión que Rucci calificó de “difícil”, se alcanzó un pacto por seis meses que busca garantizar la continuidad de los compañeros. Este acuerdo establece que un 30% del personal permanecerá en sus hogares percibiendo la totalidad de su salario, rotando con el resto de los trabajadores. Si bien este pacto brinda un respiro temporal, la mirada de la Unión Petrolera se posa firmemente sobre el gobierno provincial y los legisladores, a quienes Rucci atribuye la responsabilidad final de encontrar una solución de fondo. La empresa, por su parte, argumenta haber realizado las inversiones necesarias y apunta a la incertidumbre generada por la próxima licitación provincial como la causa de la inestabilidad que afecta a los empleados.
Para Marcelo Rucci, la prioridad absoluta no es la empresa que se haga cargo de los yacimientos, sino que las más de 90 familias involucradas mantengan sus fuentes de trabajo en las mismas condiciones. El dirigente lamenta que las disputas políticas arriesguen el sustento de tantos hogares, advirtiendo que, sin una resolución pronta, los despidos serían inminentes. De ahí su insistencia para que los legisladores y el ejecutivo provincial actúen con celeridad y garanticen la continuidad laboral.
Esta situación no es un hecho aislado. Rucci enfatiza la necesidad urgente de inversiones en yacimientos maduros, una problemática que se repite en localidades como Catriel y otras zonas de Neuquén. Es un llamado a los gobiernos y cuerpos legislativos para que exijan a las operadoras los compromisos de inversión asumidos. Como ejemplo, menciona el caso de Corcovo, donde aún se aguarda que Pluspetrol cumpla con las inversiones prometidas, no solo para sostener los empleos existentes sino para generar nuevas oportunidades para los jóvenes de 25 de Mayo. Respecto a Aconcagua, la empresa ha asegurado que no habrá despidos ni licencias, atribuyendo su situación a cuestiones económicas. Mientras la seguridad laboral y los salarios de los trabajadores estén garantizados, el sindicato no intervendrá en las decisiones internas de la compañía.
La movilización del pueblo de 25 de Mayo, con la participación de camioneros, municipales, comerciantes y la comunidad en general, es un claro reflejo del impacto de estas decisiones. Rucci expresó su asombro y orgullo por esta unión, destacando que cuando los intereses de estas comunidades se ven amenazados, la gente se organiza y protesta. Es un mensaje contundente: el esfuerzo de estos pueblos por mantener la actividad petrolera no puede ser socavado por discusiones políticas. En definitiva, el futuro de los trabajadores petroleros de La Pampa y la estabilidad de sus familias dependen de una pronta y definitiva acción por parte de los responsables provinciales, en un contexto donde el norte de la Patagonia —La Pampa, Neuquén y Río Negro— siente de forma directa las repercusiones de cada vaivén en la industria energética, motor fundamental de nuestra economía regional.
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