Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la deuda pública ha crecido en más de 90 mil millones de dólares. Este monumental aumento, justificado por el gobierno para evitar un default y sanear las cuentas, reconfigura el mapa financiero del país y plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad económica a futuro.

Bajo la dirección del ministro Luis Caputo, el Tesoro argentino ha recurrido a una estrategia mixta de endeudamiento para hacer frente a sus compromisos. La mayor parte de los nuevos pasivos se contrajo con organismos multilaterales, donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) juega un rol central, complementado por préstamos del Banco Mundial, el BID y la CAF. A nivel interno, la emisión de Títulos y Letras del Tesoro fue la herramienta elegida, conformando una deuda total compuesta en un 55% por moneda local y un 45% en divisas extranjeras, según datos oficiales.

La justificación del Ejecutivo se centra en dos ejes principales: la necesidad de refinanciar vencimientos heredados para eludir un default y la urgencia por recapitalizar un Banco Central con reservas críticas. Según fuentes gubernamentales, esta toma de deuda es un paso transitorio e ineludible para estabilizar las variables macroeconómicas. Sin embargo, especialistas advierten sobre la velocidad del endeudamiento y el riesgo de generar una nueva crisis de sostenibilidad a mediano plazo si el crecimiento económico no acompaña.

Mientras las cifras se discuten en los despachos de la city porteña, aquí en el Alto Valle el peso de la deuda nacional se siente de forma concreta. Se percibe en la cautela de las empresas de servicios petroleros para invertir en Vaca Muerta, en la dificultad de los productores frutícolas para acceder a crédito a tasas razonables, y en la parálisis de obras de infraestructura clave para la región. El futuro de la Patagonia norte también depende de la sustentabilidad de esas cuentas.

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