La comunidad de Catriel enfrenta una seria complicación sanitaria luego de que la Clínica Perón, gestionada por el Sindicato de Petroleros Privados, anunciara la interrupción total de sus servicios para los beneficiarios de IPROSS. La decisión afecta a una gran parte de la población local, que depende de esta institución para consultas, internaciones y, sobre todo, urgencias.

Según fuentes cercanas a la clínica, la drástica medida responde al incumplimiento contractual por parte de la obra social rionegrina. Los reportes indican que existiría una deuda acumulada que se extendería por aproximadamente dos años, una situación que habría vuelto insostenible la continuidad de las prestaciones.

El malestar entre los afiliados es palpable. “Pagamos todos los meses y ahora, cuando la necesitamos, la obra social no responde”, es una de las quejas que se repite en la localidad. La principal preocupación radica en la falta de alternativas inmediatas para emergencias, generando una sensación de desamparo y vulnerabilidad en miles de familias.

IPROSS es la obra social de los empleados públicos de la provincia de Río Negro y una de las que posee mayor cantidad de afiliados en la región. Este conflicto no solo expone una falla administrativa particular, sino que también pone en evidencia la fragilidad del sistema de salud cuando uno de sus principales financiadores entra en mora.

Este episodio en Catriel resuena con fuerza en todo el Alto Valle, donde las tensiones entre las obras sociales y los prestadores médicos son un problema recurrente que afecta la calidad de la atención desde Neuquén hasta General Roca. La sostenibilidad del sistema de salud es un debate urgente para toda la Patagonia norte.

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