La política de Catriel se agitó tras la denuncia de un grave episodio de violencia de un funcionario del Tribunal de Cuentas contra la jefa comunal. El hecho, repudiado públicamente por concejales, expone una profunda crisis institucional y enciende las alarmas sobre la violencia de género en el ejercicio del poder.
Un comunicado del bloque Frente de Acción Vecinal de Catriel puso en el centro de la escena un presunto hecho de violencia y maltrato ocurrido durante una reunión institucional. Según el texto, el incidente fue protagonizado por el señor Peñalva, integrante del Tribunal de Cuentas, y dirigido hacia la investidura y la persona de la intendenta municipal.
El repudio de los concejales fue enérgico, calificando como “inaceptables” la agresión, la intimidación y la falta de respeto para dirimir diferencias políticas. De acuerdo al comunicado, la denuncia reviste una “extrema gravedad” al ser enmarcada como un acto de violencia de género y maltrato hacia la intendenta y su equipo, exigiendo una investigación judicial rápida y rigurosa.
Este episodio no parece ser un hecho aislado. Fuentes políticas locales confirman que se trata del punto más álgido de una tensión que viene creciendo desde hace meses entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas. Las diferencias administrativas y los desacuerdos políticos habrían escalado hasta este punto de quiebre institucional.
El comunicado también hace un llamado a la responsabilidad de las partes. Por un lado, se insta al Tribunal de Cuentas a ejercer su rol de fiscalización con objetividad y “despojando su labor de cualquier sesgo partidario”. Por otro, se pide que se permita al Ejecutivo desarrollar su plan de gobierno con transparencia, sin que las disputas de poder paralicen la gestión municipal.
Lo ocurrido en Catriel resuena con fuerza en todo el Alto Valle. Los conflictos entre los poderes del Estado municipal, a menudo teñidos de personalismos y pujas partidarias, son una constante que desgasta la gestión y la confianza ciudadana en las instituciones, tanto en Río Negro como en Neuquén. Este caso, con el agravante de la violencia de género, obliga a una reflexión más profunda sobre la calidad de nuestra democracia local.
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