Lo que parecía una victoria para los derechos de las personas con discapacidad se convirtió en una pulseada administrativa con final incierto. Luego de que el Congreso revirtiera el veto presidencial, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, en el mismo acto, a través del decreto 681/2025, la dejó sin efecto práctico, argumentando que el Poder Legislativo no especificó las partidas presupuestarias para financiarla.
La justificación del Gobierno se apoya en la Ley 24.629, que establece que toda norma que implique gastos debe indicar su fuente de financiamiento para poder ejecutarse. Para el oficialismo, el Congreso omitió este paso crucial, dejándolo sin otra opción que suspender la aplicación de la nueva ley. Se trata de un laberinto legal que, en la práctica, mantiene la emergencia sin una respuesta de fondo.
Paralelamente, y en lo que analistas interpretan como un intento de calmar la creciente presión social, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, firmó una Decisión Administrativa que reasigna más de 121 mil millones de pesos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según fuentes oficiales, este dinero busca cubrir “gastos impostergables” y responder a los reclamos de los prestadores, pero no activa la ley ni expande la cobertura como esta lo exige.
El corazón del conflicto reside en el futuro del Programa Federal Incluir Salud, que brinda cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas. La ley suspendida garantizaba la incorporación automática de nuevos pensionados, pero con esta decisión, el programa queda congelado en su configuración actual. Se impide así el acceso a tratamientos, medicamentos y terapias para quienes deberían ser nuevos beneficiarios, un derecho ya consagrado en el papel.
La respuesta de las organizaciones no se hizo esperar. El Foro Permanente para la Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad expresó su “profundo descontento” y calificó la medida de “crueldad”. Advierten que se están poniendo en riesgo derechos humanos básicos y la sostenibilidad de las instituciones que acompañan a miles de personas en su día a día.
En el Alto Valle, esta incertidumbre se vive con angustia en miles de hogares. Familias de Neuquén, Cipolletti, Roca y otras localidades dependen de estas prestaciones para sostener tratamientos y garantizar una calidad de vida digna. La suspensión de la ley no es una cifra abstracta en un boletín oficial; es la duda sobre la continuidad de un terapeuta, el acceso a un medicamento o la cobertura del transporte especial que permite la inclusión real de nuestros vecinos. Una vez más, las decisiones tomadas a cientos de kilómetros impactan de lleno en la Patagonia.
Este tema atraviesa de lleno a las comunidades del Alto Valle (Río Negro y Neuquén), en el norte de la Patagonia. elrebrote.com.ar – Periodismo Inteligente.
