La paciencia se agotó y el reclamo cambió de escenario. El Gobierno de Río Negro formalizó una demanda contra el Estado Nacional por el abandono de la Ruta 151, y la Justicia Federal ya dio el primer paso: aceptó el recurso y le exigió a Vialidad Nacional que, en un plazo determinado, presente un informe detallado sobre el estado actual de la traza y un plan de acción concreto para su reparación. Se trata de una medida que busca transformar las quejas de años en un compromiso de obras verificable.

Transitar la 151 se ha vuelto un ejercicio de riesgo. Quienes la usan a diario hablan de pozos que parecen cráteres, desniveles abruptos, banquinas inexistentes y un asfalto que se desintegra, sobre todo en el tramo que une Cipolletti con Catriel. Según especialistas en seguridad vial, esta combinación de factores es la causa directa de innumerables siniestros, muchos de ellos fatales, que le han valido el triste apodo de “la ruta de la muerte”.

El deterioro no es nuevo, es el resultado de una desinversión crónica. Durante años, los anuncios de repavimentación y mejoras se repitieron sin que las máquinas llegaran de forma sostenida al asfalto. La demanda judicial no solo apunta a tapar los baches, sino a cuestionar un modelo de gestión que, desde la perspectiva regional, parece priorizar otras zonas del país, dejando a la Patagonia norte con una infraestructura vial deficiente y peligrosa.

Este proceso judicial, aunque incipiente, representa más que un litigio administrativo. Es el reflejo de una comunidad cansada de contar accidentes y de sentir que su seguridad no es una prioridad. La intervención de un juez federal fuerza al organismo responsable a salir del silencio y presentar un plan con plazos y presupuesto, algo que los reclamos políticos y sociales no habían logrado hasta ahora.

Para el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, la Ruta 151 no es una línea en un mapa, es una arteria vital. Por ella circula gran parte de la producción frutícola hacia los mercados, el transporte vinculado a Vaca Muerta y, sobre todo, miles de vecinos que viajan entre localidades por trabajo, salud o estudio. La resolución de este conflicto es clave para la seguridad y el desarrollo de toda una región que exige, simplemente, rutas seguras para vivir y producir.

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