Los Aportes del Tesoro Nacional, más conocidos como ATN, son fondos que el gobierno central distribuye de manera discrecional entre las provincias y municipios. A diferencia de la coparticipación, que es un reparto automático y regulado por ley, los ATN se destinan a atender situaciones de emergencia o desequilibrios financieros imprevistos, funcionando como una asistencia directa gestionada por el Ministerio del Interior.

Su origen se remonta a la Ley de Coparticipación Federal de 1988. Históricamente, han sido un instrumento de negociación política. Gobiernos de distinto signo los han utilizado para apuntalar a administraciones provinciales aliadas o para socorrer distritos en crisis, lo que a menudo genera controversias sobre su uso y transparencia.

La polémica actual se desató cuando el Poder Ejecutivo vetó artículos de una ley que, según la visión oficial, buscaban destinar fondos por fuera del presupuesto ordinario. La decisión se enmarca en la política de “déficit cero” del gobierno nacional, que considera estas transferencias discrecionales como una fuente de gasto que debe ser controlada para ordenar las cuentas públicas.

Desde la perspectiva del gobierno, limitar los ATN es un paso necesario para terminar con lo que describen como “clientelismo político” y forzar a las provincias a ordenar sus propias finanzas. Argumentan que la era del auxilio discrecional para cubrir gastos corrientes ha terminado, impulsando una mayor autonomía y responsabilidad fiscal en las jurisdicciones.

Sin embargo, para los gobernadores, la medida representa un ajuste que ahoga a las provincias. Sostienen que estos fondos son vitales para enfrentar crisis inesperadas, como inundaciones, sequías o caídas abruptas de la recaudación. Según reportes de distintas administraciones provinciales, el recorte de estas herramientas financieras centraliza aún más el poder en la Nación y debilita el espíritu del federalismo.

Para Neuquén y Río Negro, la discusión no es abstracta. La quita o reducción de los ATN impacta directamente en la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas, como las intensas nevadas en la cordillera o las tormentas de granizo que pueden arrasar con la producción frutícola en el Alto Valle. En una región donde la economía depende de factores tan variables, perder esta red de contención financiera genera una profunda incertidumbre sobre el futuro.
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