La decisión fue formalizada a través del Boletín Oficial. Según argumenta el decreto presidencial, la ley sancionada por el Congreso representaba un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”. El texto refuerza el principio económico central del oficialismo: “la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”.

Esta medida no es un caso aislado. Sigue a un veto similar aplicado días atrás a una norma que buscaba recomponer el financiamiento de las universidades públicas. Ambas decisiones son coherentes con la estricta disciplina fiscal que el presidente Javier Milei enarboló como promesa de campaña, una estrategia que apunta a lograr el “déficit cero” para contener la inflación.

El veto también expone la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y un Congreso donde el oficialismo es minoría. Las iniciativas legislativas que implican un aumento del gasto público son aprobadas por los bloques opositores y, sistemáticamente, bloqueadas por la presidencia. Este choque de poderes define el pulso político actual, con un resultado todavía incierto.

La seguidilla de vetos llega en un momento delicado para el Gobierno. Según reportes recientes, la imagen presidencial ha caído tras acusaciones de corrupción y una dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. La decisión de recortar fondos en un área tan sensible como la salud infantil podría profundizar el malestar social de cara a las elecciones legislativas de medio término.

Aunque el veto afecta a hospitales de jurisdicción nacional, sus efectos se sienten en nuestra región. Los sistemas de salud de Neuquén y Río Negro, a menudo tensionados, dependen de la coordinación y el financiamiento nacional para tratamientos complejos y equipamiento. Decisiones como esta generan incertidumbre en centros de referencia como el Castro Rendón o el López Lima, que atienden a niños y niñas de todo el Alto Valle, y suman una preocupación más a las familias que dependen de la salud pública.

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